Construir TV

Políticas públicas de comunicación

Desde el enfoque de las políticas nacionales de comunicación, la información es considerada un bien público esencial para la sociedad, más allá de que ésta circule en los medios como una mercancía. En este marco el Estado se constituye como encargado de llevar a cabo políticas públicas en esta materia con el propósito de defender y promover la garantía constitucional del derecho del ciudadano a la libre expresión del pensamiento, a ser informado y también a poder informar.

Argentina: desde el inicio hasta la Ley 26.522
En el año 1920 surge en Buenos Aires la radiodifusión. La primera trasmisión, que ofrecieron unos jóvenes profesionales conocidos luego como “los locos de la terraza”, fue captada por 50 aparatos receptores.

A partir de este hecho, las iniciativas que significaron el continuo desarrollo de la radiodifusión argentina quedaron en manos de privados. El Estado se mantenía en una posición expectante y no intervenía en la planificación de su progreso, hasta que en 1924 el Poder Ejecutivo Nacional dictaminó el primer decreto que funcionó como un instrumento legal referido especialmente a la división de las estaciones de radio por clase y a la reglamentación de las licencias personales.

En el año 1929, durante el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, se sancionó la primera reglamentación nacional, integral y exhaustiva del servicio de radiodifusión. En el artículo 28 se menciona que la prioridad fundamental era ofrecer al radioescucha “audiciones altamente artísticas y culturales”.

Desde 1930 hasta 1946 se profesionaliza el medio, el Estado se hizo presente con normas detalladas, específicas y censoras. La radio era vista como un instrumento muy influyente sobre las clases populares y, por ende, el Estado buscó regular su funcionamiento. El golpe de Estado del año 1943, protagonizado por Pedro Pablo Ramirez y luego por Adelmiro Farrell, estableció un nuevo y estricto régimen regulatorio, “el Manual de Instrucciones”, que acrecentaba los mecanismos de intervención del gobierno sobre los contenidos de la radio.

Durante los dos primeros períodos de gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1952 y 1952-1955) coexistieron tres sistemas de comunicación, la prensa gráfica, la radio y la televisión. En el año 1953, durante la segunda presidencia de Perón se sancionó la primera de ley de radiodifusión en la Argentina (Ley Nº 14.241) aprobada por el Senado de la Nación.

Apenas asumió la Junta Militar, encabezada por Jorge Rafael Videla, publicó en 1976 el Comunicado Nº 19 que establecía “que será reprimido con reclusión de hasta 10 años el que divulgara noticias que perturben o perjudicar la actividad de las fuerzas armadas”. En 1980, el gobierno de Videla sancionó el decreto-ley de radiodifusión 22.285, cuyo contenido es el resultado de los intereses del Estado y de los empresarios.

La Ley de Reforma del Estado sancionada en agosto de 1989 por el gobierno de Carlos Menem ajustaba la Ley 22.285 para que la conformación de multimedios sea posible; mientras que la ley de la dictadura militar restringía el conglomerado de medios.

En octubre del 2009, en el marco del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. La actual ley que se encuentra en vigencia tiene por objeto “la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”.

En el contexto de la Ley 26.522, la Fundación UOCRA desarrolla el canal Construir TV, que se trasmite a través de la Televisión Digital Argentina (TDA). Con la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aparecen nuevos “actores”, emisores de discurso como las ONG, que comenzarán a tener una preponderancia en el sistema de medios.

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